Centro Humanismo

El Centro Humanismo se define como una ideología política que contiene elementos tanto de la izquierda como de la derecha política, esta doctrina recoge como sus principales principios: la Justicia, el respeto por la dignidad humana, igualdad de oportunidades, el bienestar común, la solidaridad, y la subsidiariedad en las actividades económicas de las que la sociedad civil, las familias y la iniciativa privada no se puedan encargar.

La plenitud de la dignidad de la persona humana a través de la realización de la justicia social es un fundamento espiritual y el punto de partida histórico para una sociedad justa.

Por ello, la dignidad y la vida humana, aún antes de nacer, son inviolables. Respetar a cada ser humano como una persona singular e inalienable en todas las fases de su vida. La dignidad humana es la misma, independientemente del sexo, la raza, la edad, la salud, el grado de discapacidad, la nacionalidad, la convicción política y religiosa, el éxito, el fracaso y el juicio de los demás. El derecho al libre desarrollo de la persona como un ser ético que puede decidir y actuar de manera inteligente y responsable, la política debe garantizar el espacio de libertad que precisan los seres humanos.

La libertad abarca derechos y obligaciones. Quien exige libertad para sí mismo debe reconocer la libertad de sus semejantes; el ser humano sólo se desarrolla en comunidad. Entendemos entonces que el ejercicio de la libertad individual sin asumir responsabilidad hacia sí mismo y su comunidad es éticamente imposible. Por eso se rechaza el falso concepto de individualismo a costa de los demás y se realiza el esfuerzo de fortalecer el sentido de la responsabilidad, del bien común, de las obligaciones y las virtudes cívicas. Para ser realidad para todos, la libertad debe ser acompañada por la justicia social.

Para la consecución de la libertad, es necesario desenvolverse en la vida en forma responsable. De allí se deriva el principio de subsidiariedad para el ordenamiento de la vida en la sociedad, según el cual el Estado debe renunciar a emprender aquellas tareas que bien puedan cumplir los ciudadanos o las comunidades inmediatamente inferiores.

Se debe reservar al ciudadano aquello que él sea capaz de ejecutar, ya sea por sí mismo, en el seno de su familia o con la colaboración voluntaria de los demás. El principio de subsidiariedad tiene vigencia para las comunidades grandes y pequeñas, así como para las asociaciones libres y las instituciones del Estado. Es inherente a las obligaciones del Estado y de la comunidad facilitar y fomentar el cumplimiento subsidiario de las tareas. Sin embargo, el principio de subsidiariedad también exige que las comunidades mayores, hasta llegar al nivel estatal, intervengan sólo cuando las exigencias sociopolíticas superen la capacidad del individuo o de la comunidad más pequeña.

Se propone tanta sociedad civil cuanta sea posible, tanto Estado como sea necesario; tanto municipio cuanto sea posible, tanto gobierno regional como sea preciso, y tanto gobierno nacional como sea imprescindible. Frente al dogma de puro Estado no vale el otro dogma de puro individuo. En contraposición a ambos, se promueve la multiplicación del tejido social entre la familia y el Estado a través de la participación en la sociedad civil y la creación de capital social.

Se reafirma que la participación ciudadana conduce a la transparencia del poder, al mismo tiempo que contribuye a que el patrimonio público sea de hecho público y no capturado por intereses particulares. Entre el Estado Socialista Burocrático que presta en forma monopolista e ineficiente los servicios sociales, y el Estado Neoliberal que se asume mínimo y claudica sus responsabilidades sociales, postulamos un Estado Social-Humanista que tutele los derechos sociales en asociación con las organizaciones no estatales que prestan esos servicios de manera eficiente y flexible y que tenga el bienestar del ser humano como centro de sus metas y objetivos.

La educación y la formación son condiciones importantes para el libre desarrollo intelectual y el ejercicio de los derechos de libertad y de los deberes cívicos. La educación de calidad es el mejor antídoto contra la exclusión y la sumisión. 

 Una democracia sólida debe contar con ciudadanos con criterios independientes, dispuestos a asumir responsabilidades. La politización de la educación, la deformación de la historia o la ideologización de los contenidos son incompatibles con la educación pública en un Estado democrático, en el que se debe de formar para la democracia y no para seguir a un partido político de una ideología determinada.